El OIJ por medio de su oficina de prensa, confirmó que un masculino de apellido Barrantes de 61 años de edad, funcionario del PANI en Puerto Jiménez en la Zona Sur, fue detenido esta mañana como parte de los operativos que se llevan a cabo en el país, para detener a los sospechosos de realizar procedimientos irregulares.
Precisamente, los agentes destacados en la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, detuvieron este martes a tres mujeres y dos hombres.
La investigación referente del caso dio inicio en el mes de octubre de 2022, luego que la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), remitiera en agosto de ese año un informe ante el Ministerio Público, en el cual hacía ver que, en la Oficina Local del PANI de Cariari de Pococí, existían una serie de irregularidades de tipo administrativo en trámites de adopción de personas menores de edad.
A raíz de esta situación, se realizaron diferentes diligencias de investigación, donde se logró identificar a estas personas sospechosas y, además, se pudo constatar que había irregularidades en la aparente ubicación de personas menores de edad; que no se estaban realizando correctamente los procesos administrativos que se requieren en temas de adopción y también, brindaban falso testimonio en estos procesos con tal de apartar a estos menores de sus familias biológicas y colocarlos en alguna familia adoptiva, que posteriormente se habrían incluido en este tipo de programa, y donde adicionalmente se les brindaba una ayuda económica por parte del PANI, mientras se resolvía en instancias judiciales la tutela de los menores.
Por lo anterior, se allanó esta mañana las Oficinas del PANI de Cariari en Pococí, la sede de Puerto Jiménez en Puntarenas, el Departamento de Atención Regional Inmediata del PANI de Alajuela, la sede del PANI en Orotina y un centro integral ubicado en Santa Ana, San José; esto con el fin de ubicar evidencia de relevancia para la investigación.
Al respecto, en el PANI, explicaron que la denuncia judicial se presentó en el 2023 por supuestas irregularidades en el proceso especial de protección, que son las acciones psicosociales y legales que se dictan para garantizar la atención integral de las niñas, niños y adolescentes.
Las medidas cautelares, dictadas en julio del 2024, ordenan la suspensión de labores a Trabajadores Sociales, Abogados, Psicólogos y un Coordinador que laboran en diferentes partes del país. Estas medidas son parte de la investigación preliminar y son prorrogables.
Finalmente, los detenidos fueron presentados con un informe ante el Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.
Las investigaciones referentes a este caso continúan para esclarecer si estos funcionarios habrían recibido algún tipo de dádiva.
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Carmen Picado